PRONUNCIAMIENTO DEL CIDES-UMSA ANTE UNA CHIQUITANÍA EN LLAMAS

Ante los acontecimientos que se vienen produciendo en el país, relacionados con las dimensiones desastrosas del incendio de la Chiquitanía, que afectan a la naturaleza y a los pueblos ancestrales de tierras bajas, guardianes naturales de esos ecosistemas, los docentes investigadores del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), expresamos:

1.    Nuestra profunda preocupación por el modo cómo las autoridades llamadas a hacerlo vienen enfrentando el incendio de la Chiquitanía, Chaco y Amazonía sin tomar en cuenta el carácter estratégico y patrimonial que estas regiones representan para el país, ni la importancia que tienen para asegurar nuestra soberanía alimentaria, su preservación y desarrollo.

2.    No ignoramos el cambio climático generado por la acción humana, la industrialización depredadora y la desmesurada búsqueda del crecimiento como fin en sí mismo y sin rumbo, como contexto agravante de este y otros eventos similares y detonante del fuego en esas regiones. Pero, el fuego ha sido también atizado por concepciones, políticas, leyes y estrategias que promueven un modelo depredador que ignora advertencias académicas, sociales, científicas e institucionales de todo tipo.

3.    Consideramos que el problema de fondo radica en el modelo de desarrollo extractivista adoptado largamente por el país y acentuado en los últimos años, agravado ahora por la falta de transparencia y eficiencia de las instituciones a cargo de esta problemática, en especial el Ministerio de Medio Ambiente (con atención en la ABT), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (con atención en el INRA), el Tribunal Agroambiental y la Autoridad de la Madre Tierra.

4.    La catástrofe no es solo de la Chiquitanía ni de los otros lugares afectados; no se restringe solo a Santa Cruz ni es un problema ambiental del ecosistema del bosque seco chiquitano y de la Amazonía. Tendrá efectos en el conjunto de ecosistemas integrados del país que ya emergen; los problemas y la conflictividad social y política se ampliarán peligrosamente pudiendo convertirse en una crisis inmanejable en todo orden.

5.    Nos sumamos a la exigencia de declaratoria de “desastre nacional”, que obligue al gobierno, gobernaciones y municipios afectados, como a todas y todos nosotros, a priorizar la atención a esta desgracia y atenderla como corresponde, incluyendo una reflexión autocrítica de nuestros actos y estilos de vida.

6.    Rechazamos vehementemente la violencia que busca instalarse en el país para enfrentar los problemas socioeconómicos y políticos, sea mediante prácticas autoritarias estatales o de sello regionalista. Y enfáticamente demandamos que los desafíos y tareas a enfrentar deben ser solucionadas en función de los intereses de Bolivia, sin obviar la complejidad cultural que conllevan y sin priorizar los intereses partidistas ni coyunturales, ni los intereses económicos o corporativos en juego.

7.    Condenamos los intentos de encubrir el fondo del desastre mediante expresiones de racismo por las que peligrosamente se enrumba el conflicto a riesgo de intensificarlo y confluir en una solución por vía de estructuras disciplinarias que en nuestra historia han tenido un trágico desempeño.

8.    Con la misma vehemencia hacemos un llamado a deponer la forma antidemocrática y tozuda con la que el partido de gobierno busca sostener su hegemonía, sin reparar en las graves consecuencias que esto tiene para nuestro devenir como sociedad organizada.

9.   Ratificamos nuestro invariable compromiso con la democracia, legado del pueblo boliviano que hace 40 años, representado por un puñado de mujeres, alzó las banderas de las libertades políticas, para abrir sin cortapisas el derecho a la libre expresión para que todos y todas, sin exclusiones y bajo la organización que mejor nos exprese, deliberemos sobre los destinos del país.

10.    Alentamos, asimismo, la construcción de un derrotero, que el conocimiento que se produce en la universidad pública -requerido hoy más que nunca- apuntale un debate sereno sobre el presente y futuro de Bolivia, en el que el ambiente natural, el desarrollo socioeconómico sostenible, los derechos humanos, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, sean el centro de una deliberación democrática.

La Paz., 13 de septiembre de 2019